El 8 de mayo de 1987, Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, jóvenes del barrio Ingeniero Budge de la provincia de Buenos Aires, fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. A partir de entonces, familiares y vecinos de las víctimas se organizaron para pedir justicia por estas tres víctimas de gatillo fácil. El hecho, conocido como Masacre de Budge, fue contemplado por la Ley 26.811, sancionada y promulgada entre noviembre del 2012 y enero de 2013, la cual instituyó el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, con el objeto de “recordar todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad”.
Se entiende por “violencia institucional” a toda aquella práctica que implique un abuso, omisión de un reclamo o impedimento del pleno ejercicio de un derecho por parte de una determinada institución pública, principalmente de las órbitas de seguridad, salud y justicia, sobre la ciudadanía.